La Domenica Del Corriere - PP y Vox plantean revisar las bajas y limitar la capacidad sindical ante huelgas

El texto publicado expone que en lo relativo al mercado laboral, las discrepancias entre el Gobierno y los principales partidos de la oposición, PP y Vox, se suelen escenificar en cuestiones como la subida del SMI, la gestión del absentismo o la carga fiscal sobre los salarios. La última polémica ha involucrado a los sindicatos y tiene que ver con la huelga general del próximo 11 de noviembre. Los partidos de la derecha han atacado la convocatoria: el PP lanzó un aviso a navegantes.

“Mal empezamos si con anterioridad a unas elecciones me convocan una huelga en contra, siendo la oposición”, señaló el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pese a que ambas agrupaciones han dicho que la huelga se dirige a la patronal. Vox, a su vez, se mostró más tajante: “Tomaremos nota si hay un cambio de ciclo en España”, anunció Santiago Abascal. Esta ha sido la última polémica, pero la relación con los sindicatos lleva tiempo siendo tensa en las comunidades donde Vox y PP gobiernan de forma conjunta.

La Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de octubre una reducción al 50% (de unos 600. 000 euros) de una partida de subvenciones de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a UGT y Comisiones Obreras (CCOO) para “participación en acciones de mejora de relaciones laborales”. Algo que también ocurrió dos años antes en Castilla y León cuando la formación verde retiró 200.

000 euros a UGT y CCOO por considerarlo un “gasto político superfluo”. Este mismo lunes la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha reiterado que esta será su postura y ha pedido al PP que “cierre el grifo” a las subvenciones que reciben los sindicatos de clase en aquellas comunidades donde gobiernan. asimismo de esta polémica reciente, el PP se ha mostrado cercano a la posición de las patronales en cuestiones como la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) o la gestión del absentismo y las bajas laborales.

Los populares son, en general, más proclives a reducir la carga fiscal sobre los salarios que a reclamar a las empresas más esfuerzo a la hora de pagar las nóminas. Tratar las bajas como fraude Las bajas y el absentismo laboral son otros puntos en los que el PP ha chocado con los sindicatos. A la evolución del absentismo, que ha crecido en los últimos años, se aferra la patronal para oponerse a realizar ciertas mejoras salariales o a ampliar permisos, como el de fallecimiento de un familiar.

Para los sindicatos este cociente es un cajón de sastre que mezcla ausencias derivadas de derechos adquiridos por los trabajadores, con incapacidades temporales justificadas y con ausencias injustificadas y, agregan, oscurece los análisis. Sobre esto, el líder de los populares aseguró en verano que "todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude, hay que abordar este asunto con las comunidades autónomas, el Gobierno central, la patronal y los sindicatos, y si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer”, sentenció. Estas palabras provocaron críticas severas de los sindicatos, ya que el absentismo como concepto mezcla bajas médicas acreditadas que son legítimas con ausencias por permisos.

“El absentismo laboral no existe porque las ausencias injustificadas de los trabajadores —que están contempladas en el régimen disciplinario de los convenios y del Estatuto de los Trabajadores— son motivo de sanción e incluso de despido por parte de la empresa”, explicaba a infoLibre Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. El aumento de la tasa de absentismo en los últimos años al que se han referido Feijóo y las patronales obedece, de acuerdo con los sindicatos, a diversas razones. Entre ellas, una población activa más envejecida, a unas listas de espera más largas en la sanidad pública, sobre todo en lo relativo a la salud mental o a derechos de descanso adquiridos por los trabajadores.

La posición del PP se acerca a la que defienden las patronales. El último Estudio sobre Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España señala que ocho de cada diez compañías reclaman una legislación que endurezca las condiciones para que los trabajadores accedan a una baja. La propuesta principal es dejar de abonar la prestación durante las bajas y otorgar un mayor control a las mutuas patronales a la hora de hacer seguimientos y dar altas.

Aunque el informe también recoge que alrededor de un 85% de las compañías reconoce que no ha puesto en marcha protocolos internos para mitigar el problema entre sus trabajadores. El propio presidente del PP puso en práctica alguna de estas medidas en su etapa al frente de la Xunta de Galicia. A principios de 2012, en plena gran recesión y con los ingresos públicos en caída libre, el PP sacó adelante en solitario en el Parlamento una ley para recortar derechos y remuneraciones al personal al servicio de la Xunta.

Entre los cambios destacaba una reducción del complemento que la plantilla de la Administración gallega cobraba cuando estaba de baja por “enfermedades comunes o accidentes no laborales”. Así, por ejemplo, entre el primer y el tercer día de baja la Xunta pasó a pagar "un complemento hasta alcanzar el 50% de las retribuciones cuando sea la primera baja en el año natural"; bajaba al 40% si se trataba de la segunda baja del año y, si había más, dejaba de pagarlo. Del cuarto al vigésimo día de baja quedaba en el 75% y solo llegaba al 100% en las bajas superiores a veinte días.

Estas condiciones se mantuvieron durante siete años, hasta que en 2019 una reforma en los Presupuestos las corrigió. A poco más de una semana de que comience oficialmente la campaña electoral, cuestiones relacionadas con lo laboral, como la huelga general o la subida del SMI —que el actual Gobierno quiere dejar cerrado hasta las elecciones—, irán dando pistas sobre cómo pretende abordar cada partido los retos que se plantean.

G.Tomaselli--LDdC